miércoles, 28 de abril de 2010

Gerente general de la Hunt Oil implicado en presuntos actos de corrupción por caso Camisea

Foto Caretas

La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción, a cargo de la fiscal Marlene Berrú Marreros, formalizó denuncia penal en contra de Carlos del Solar Simpson, gerente general de la empresa Hunt Oil Company of Perú L.L.C., Sucursal del Perú y de Gabriel Lebet Verdu, representante de Repsol YPF, entre otros funcionarios del gobierno toledista implicados en el caso Camisea, según el diario nacional Expreso.

El escándalo de Camisea parece traer una cola más larga de lo imaginado. Y es que lo que fue en su momento “el contrato del siglo” parece hoy desdibujarse en “la más gigantesca estafa entre dos siglos”, según publicó valientemente el 20 de mayo del 2002 el diario Dignidad, dirigido entonces por Herbert Mujica.

El consorcio en el que está la Hunt Oil Company, desde un inicio, desde su ingreso tramposo en el Perú como informó el diario La República (Ver "Hubo lobby de PPK en gas de Camisea"), estaría jugando en contra de los intereses del Perú para jugarse más bien por una abierta salida del gas de Camisea hacia el exterior, perjudicando así a los peruanos de a pie aquellos que tenemos que pagar las consecuencias mayormente de las decisiones de este vuelo.

¿Cómo así? El congresista Víctor Andrés Belaúnde entiende que la salida del gas en un contexto en el que el alza del petróleo es cada vez una realidad no muy lejana, sería un “crimen” para el país.

Hace poco la ministra de Economía estuvo en el Congreso para explicar el alza de la gasolina la cual, según ella, subirá en un 20% de aquí a fin de año. Eso significa que el galón de gasolina puede terminar costando 20 soles, lo cual es un crimen si tomamos en cuenta que para efectos energéticos la gasolina y el gas son equivalentes. Entonces resulta “absurdo y antipatriótico” que estemos importando petróleo para lo mismo que se usa el gas, a 87 dólares el barril y se quiera exportar gas a un dólar el barril. (fuente aquí)

Recientemente, la fiscal anticorrupción Marlene Berrú Marreros denunció a ex funcionarios toledistas ante el Poder Judicial por este caso que los medios de comunicaciones callan en todos los idiomas. Marrú, de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción, entregó la documentación a la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para indicarle que ponía a su disposición el caso dada su condición.

Según Expreso, la denuncia de la fiscal señala que los funcionarios involucrados en la irregular reducción de obligaciones en el convenio de cesión de posición contractual del gas de Camisea perjudicaron al Estado por un monto aproximado de un millón doscientos nueve mil ochocientos dólares.

En los fundamentos de hecho, señala que la Procuraduría Ad Hoc denuncia como resultado de las indagaciones llevadas a cabo por la comisión investigadora del Congreso, presuntos actos de corrupción, presentados durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo Manrique.

En la denuncia, se pone en consideración la investigación por presuntos actos de corrupción, en contra de los funcionarios de Petroperú, el gerente general de la empresa Peru LNG, Bárbara Bruce Ventura; Carlos del Solar Simpson, gerente general de la empresa Hunt Oil Company of Perú L.L.C., Sucursal del Perú; Norberto Benites Rodriguez, representante de Pluspetrol y Gabriel Lebet Verdu, representante de Repsol YPF.

Según el director de Expreso, Luis García Miró Elguera, la Hunt Oil estaría detrás de las presiones para que el contrato que se negoció con el Estado peruano no se modifique. Pese a que en un inicio logró que se creara un marco legal favorable para la promoción de las exportaciones, aduciendo que hoy no es posible porque afectaría la estabilidad de los contratos suscritos con el Estado.

Es decir, el contrato original de Camisea se modificó cuando quiso el concesionario; pero hoy que lo exige el país se alega que no es posible porque equivale a crear inestabilidad en los contratos suscritos con el Estado. Hablamos de una ley que beneficia al consorcio Hunt Oil con la exportación del gas de Camisea; una ley que perjudica al país al privarle del uso del único combustible que tiene el Perú capaz de abastecer su consumo interno.

En esta modificación jugó un papel clave el ex asesor toledista Pedro Pablo Kuczynski. Para el periodista Bob Davis, del Wall Street Journal (WSJ), citado en el informe de La República, publicó en el año 2007 lo siguiente:

“(Ray) Hunt (dueño de Hunt Oil) iba con regularidad a Lima para presionar por cambios a la ley de energía. Uno de sus asesores influyentes fue PPK. En el 2003, Kuczynski organizó una cena en su casa a la que asistieron Hunt, el presidente Alejandro Toledo y el ministro de Energía y Minas Jaime Quijandría. Luego, el gobierno comenzó a presionar al Congreso para realizar una serie de ajustes a las leyes y regulaciones. Después de dos años, esos cambios habían variado la legislación energética del país en favor de la promoción de las exportaciones”, señala Davis.

Belaúnde enfatiza sobre esta empresa:

(La Hunt Oil) Es una empresa tramposa, de aventureros que han cometido una serie de irregularidades donde han trabajado, tienen mala fama y vinieron al Perú convenciendo algunos personajes “a través de ciertos regalos” para que cambien las condiciones del contrato a favor de ellos. Inclusive con los contratos que le ha dado el Perú han logrado vender parte de su participación en la empresa a mayores precios de lo que vale su propia sede principal. Han hecho el negocio de su vida. Esto ha sido peor que el contrato Dreyfus en el siglo XIX, con la diferencia de que en ese tiempo el Perú estaba quebrado, hoy no es así y se ha podido negociar mucho mejor, es un tema que hay que investigar.

El temor de las comunidades nativas y de la FENAMAD por las actividades de la Hunt Oil en el lote 76 superpuesto sobre la Reserva Comunal Amarakaeri no es gratuito. La FENAMAD denunció en octubre del 2009 las acciones poco claras de esta empresa en el interior de algunas comunidades donde pretende ingresar captando a dirigentes con regalos y dividiendo a las comunidades en contra del sentir del pueblo que los eligió. La nota lo pueden ver aquí.

Además de estar inmersa en un proceso oscuro en la elaboración del Plan Maestro de la reserva en la que se habría borrado la parte que indica que la actividad de hidrocarburos es una amenaza para la Reserva Comunal Amarakaeri, con lo que se minimizaría los impactos de estas actividades en las áreas protegidas. La denuncia lo hizo la FENAMAD en el 2008.

La preocupación es real más aún en un escenario en el que se mueven las piezas de los escándalos apañados en el caso de los denominados “petroaudios” en los que estuvieron implicados altos funcionarios y jerarcas de grandes megaempresas. Sino sobre todo por los impactos que podrían generar en la naturaleza no ya de los que se dan cuenta en el Perú en Camisea con la población Machiguenga, sino en el propio Estados Unidos donde la empresa Hunt Oil fue multada por la EPA, por no cumplir con los estándares ambientales de ese país (Ver Empresa Hunt Oil multadas por violar la Ley de Agua Limpia (traducción de la página en inglés))